Sin duda la seguridad ciudadana es una prioridad para el Estado. Por consiguiente, todas las instituciones son responsables, no es solo la policía la que debe participar o decidir sobre ello. Los efectos de la delincuencia lo sufre la población y, cuanto menos control o falta de administración de justicia para sancionar la delincuencia, el crecimiento de los delitos y el grado al que llega la inseguridad es la sensación de las personas sobre la falta de protección física e intangible.
Las estadísticas policiales en Bolivia son reflejo de la inseguridad. El índice delictivo aumentó en 452,2 por ciento en todo el país para el primer semestre de 2009. El número de casos delictivos atendidos se elevó de 3.557 en los primeros meses del año pasado a 16.084 el 2009, lo que representa el 452,2. Las ciudades más vulnerables y que más sufren por el incremento de la violencia y el delito son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, donde se producen decenas de hechos delictivos diariamente. En El Alto, el promedio es de diez delitos graves por día y unos 300 al mes, entre los que no se toma en cuenta las faltas y contravenciones tales como peleas familiares o agresiones verbales, que atienden las comisarías distribuidas en esa urbe.
Entre atracos, homicidios, asesinatos y suicidios en la ciudad de El Alto en el primer trimestre de 2009 se produjeron 127 casos.
El otro problema íntimamente relacionado a la seguridad ciudadana, es el crecimiento del narcotráfico. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) informó, que desde enero hasta junio se logró incautar alrededor de 15 toneladas de pasta base y clorhidrato de cocaína. La policía admite que en el país se produce más droga y que aumentó la presencia de foráneos que se dedican a esta ilícita actividad. Cada tanto se detienen extranjeros, procedentes del Perú y Colombia. En los más de 507 operativos realizados en 2008, se incautó 1.123 toneladas de droga, de las cuales 12 toneladas con 111 kilos fueron cocaína. La cantidad de marihuana hallada es la más elevada del quinquenio.
Esta incontrolable la acción de la inseguridad en los diversos campos de actividad de Bolivia. Inclusive, el Presidente de Bolivia convocó a las autoridades de los órganos Legislativo y Judicial a reunirse con el poder ejecutivo durante el presente año a una reunión para resolver problemas, entre ellos, la necesidad de restablecer la seguridad ciudadana.
Inseguridad se presenta también cuando no hay independencia de poderes en un Estado. O cuando los poderes no cumplen con sus competencias y permiten intervención u omisión en los procesos y en sus acciones, dejando al ciudadano confundido y desamparado.
El delicado problema de no atender la seguridad ciudadana socava la estructura del Estado y permite la sensación de inseguridad de su población. Una reunión al más alto nivel tiene que tomar decisiones drásticas para mitigar la inseguridad del ciudadano.
Cada poder tiene que incluir en su agenda temas estructurales a solucionar y programas la interrelación con los otros poderes, en aras a disminuir los efectos e impactos de un control deficiente de la delincuencia y la criminalidad. (Jorge Amonzabel)
El Estado y la Inseguridad ciudadana
Sin duda la seguridad ciudadana es una prioridad para el Estado. Por consiguiente, todas las instituciones son responsables, no es solo la policía la que debe participar o decidir sobre ello. Los efectos de la delincuencia lo sufre la población y, cuanto menos control o falta de administración de justicia para sancionar la delincuencia, el crecimiento de los delitos y el grado al que llega la inseguridad es la sensación de las personas sobre la falta de protección física e intangible.
Las estadísticas policiales en Bolivia son reflejo de la inseguridad. El índice delictivo aumentó en 452,2 por ciento en todo el país para el primer semestre de 2009. El número de casos delictivos atendidos se elevó de 3.557 en los primeros meses del año pasado a 16.084 el 2009, lo que representa el 452,2. Las ciudades más vulnerables y que más sufren por el incremento de la violencia y el delito son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, donde se producen decenas de hechos delictivos diariamente. En El Alto, el promedio es de diez delitos graves por día y unos 300 al mes, entre los que no se toma en cuenta las faltas y contravenciones tales como peleas familiares o agresiones verbales, que atienden las comisarías distribuidas en esa urbe.
Entre atracos, homicidios, asesinatos y suicidios en la ciudad de El Alto en el primer trimestre de 2009 se produjeron 127 casos.
El otro problema íntimamente relacionado a la seguridad ciudadana en Bolivia, es el crecimiento del narcotráfico. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) informó, que desde enero hasta junio se logró incautar alrededor de 15 toneladas de pasta base y clorhidrato de cocaína. La policía admite que en el país se produce más droga y que aumentó la presencia de foráneos que se dedican a esta ilícita actividad. Cada tanto se detienen extranjeros, procedentes del Perú y Colombia. En los más de 507 operativos realizados en 2008, se incautó 1.123 toneladas de droga, de las cuales 12 toneladas con 111 kilos fueron cocaína. La cantidad de marihuana hallada es la más elevada del quinquenio.
Esta incontrolable la acción de la inseguridad en los diversos campos de actividad de Bolivia. Inclusive, el Presidente de Bolivia convocó a las autoridades de los órganos Legislativo y Judicial a reunirse con el poder ejecutivo durante el presente año a una reunión para resolver problemas, entre ellos, la necesidad de restablecer la seguridad ciudadana.
Inseguridad se presenta también cuando no hay independencia de poderes en un Estado. O cuando los poderes no cumplen con sus competencias y permiten intervención u omisión en los procesos y en sus acciones, dejando al ciudadano confundido y desamparado.
El delicado problema de no atender la seguridad ciudadana socava la estructura del Estado y permite la sensación de inseguridad de su población. En todo Estado, una reunión al más alto nivel tiene que tomar decisiones drásticas para mitigar la inseguridad del ciudadano y permitir que cada poder ejerza su competencia.
Cada poder tiene que incluir en su agenda temas estructurales a solucionar y programas la interrelación con los otros poderes, en aras a disminuir los efectos e impactos de un control deficiente de la delincuencia y la criminalidad. (Jorge Amonzabel)
miércoles, 2 de junio de 2010
LA INSEGURIDAD EN LA SOCIEDAD, continuación
31. Falta de coordinación entre la policía nacional y los policías municipales.
32. Falta de actuación de la policía de acuerdo a los problemas de cada lugar.
33. Falta de especialización policial.
34. Escaso equipo y condiciones técnicas para actuar de la policía de acuerdo a la complejidad de los delitos.
35. Falta de planes y programas coordinados de la policía y las instancias relacionadas con la seguridad de las personas y propiedades.
36. Debilidad de la Policía científica y de la inteligencia policial.
37. Falta de acceso a las instancias policiales correspondientes por parte de la ciudadanía.
38. Difusa división de funciones policiales y niveles técnicos de los policías.
39. Falta de una central de coordinación de emergencias, desastres e información de seguridad: nacional, departamental y municipal.
40. Falta de una instancia que armonice el uso de recursos humanos, logísticos, materiales, tecnológicos y otros.
41. Débil o confusa información de las instancias competentes acerca de: Personas perdidas, zonas vulnerables, antecedentes penales, órdenes de captura y certificaciones de propiedad.
42. Débil información individual de casos delictivos y penales en contenido y tiempo.
43. Débil condición de recursos de los institutos forenses y laboratorios especializados en criminalística con tecnología en genética, dactiloscopia y otros
44. Falta de competencias en las unidades de investigación por limitaciones de área, territorio o región geográfica.
45. Manipulación política de oficiales y jefes.
(Jorge Amonzabel)
32. Falta de actuación de la policía de acuerdo a los problemas de cada lugar.
33. Falta de especialización policial.
34. Escaso equipo y condiciones técnicas para actuar de la policía de acuerdo a la complejidad de los delitos.
35. Falta de planes y programas coordinados de la policía y las instancias relacionadas con la seguridad de las personas y propiedades.
36. Debilidad de la Policía científica y de la inteligencia policial.
37. Falta de acceso a las instancias policiales correspondientes por parte de la ciudadanía.
38. Difusa división de funciones policiales y niveles técnicos de los policías.
39. Falta de una central de coordinación de emergencias, desastres e información de seguridad: nacional, departamental y municipal.
40. Falta de una instancia que armonice el uso de recursos humanos, logísticos, materiales, tecnológicos y otros.
41. Débil o confusa información de las instancias competentes acerca de: Personas perdidas, zonas vulnerables, antecedentes penales, órdenes de captura y certificaciones de propiedad.
42. Débil información individual de casos delictivos y penales en contenido y tiempo.
43. Débil condición de recursos de los institutos forenses y laboratorios especializados en criminalística con tecnología en genética, dactiloscopia y otros
44. Falta de competencias en las unidades de investigación por limitaciones de área, territorio o región geográfica.
45. Manipulación política de oficiales y jefes.
(Jorge Amonzabel)
LAS INSEGURIDADES EN LA SOCIEDAD
Por: Jorge Amonzabel
Escrito anteriormente para el Instituto de Estudios de Inseguridad Ciudadana - IEIC y luego Instituto de Investigación y Estudios de la Inseguridad como Puntos básicos para un programa de Seguridad)
En la ciudad y lo urbano:
1. Espacios públicos abandonados de iluminación, de control policial y de condiciones confortables para acoger a los ciudadanos en todo momento.
2. Jóvenes y adolescentes ebrios o drogados en plazas, calles o caminando.
3. Jóvenes y adolescentes delincuentes por las avenidas, calles y plazas.
4. Violencia en la calle entre ciudadano sin sanción.
5. Abuso policial en el control ciudadano.
6. Movimientos masivos de personas contra la autoridad competente para evitar el ejercicio del derecho.
7. Decisiones de la autoridad, contrarias a las disposiciones legales vigentes.
8. Falta de control en juegos o tilines abiertos en horarios de clases.
9. Unidades educativas permeables a la ausencia escolar.
10. Delincuentes no rehabilitados libres y sin supervisión.
11. Sistema carcelario sin programas de rehabilitación.
12. Falta de un sistema carcelario con programas laborales para liberados.
13. Falta de Programas locales de inserción a reos libres a la sociedad.
14. Flagrante impunidad del delito.
15. Sistema judicial débil o ineficaz.
16. Violación de derechos constitucionales y legales de los ciudadanos.
17. Falta de transparencia y facilidad de comprensión del sistema judicial.
18. Sistema judicial lento en fallos y sentencias.
19. Administradores de justicia discriminadores.
20. Negligencia funcionaria.
21. Justicia penal de menores y mayores sin distinción y sin opciones de diferenciación en la sanción.
22. Falta de sanciones de servicio comunitario y acciones supervisadas para rehabilitación.
23. Falta de sanciones categorizadas y efectivamente identificadas.
24. Falta de normativa adecuada considerando género y condición generacional.
25. Exitencia de normas que condenan a prisión con inhabilitación total.
26. Recintos carcelarios sin adecuadas condiciones para vivir.
27. Superpoblación y hacinamiento en penitenciarias.
28. Falsa o débil integración de la policía a la población.
29. Desconocimiento o falta de comprensión de la función policial en los distintos ámbitos.
30. Falta de coordinación entre los servicios de seguridad del Estado.
(Jorge Amonzabel)
Escrito anteriormente para el Instituto de Estudios de Inseguridad Ciudadana - IEIC y luego Instituto de Investigación y Estudios de la Inseguridad como Puntos básicos para un programa de Seguridad)
En la ciudad y lo urbano:
1. Espacios públicos abandonados de iluminación, de control policial y de condiciones confortables para acoger a los ciudadanos en todo momento.
2. Jóvenes y adolescentes ebrios o drogados en plazas, calles o caminando.
3. Jóvenes y adolescentes delincuentes por las avenidas, calles y plazas.
4. Violencia en la calle entre ciudadano sin sanción.
5. Abuso policial en el control ciudadano.
6. Movimientos masivos de personas contra la autoridad competente para evitar el ejercicio del derecho.
7. Decisiones de la autoridad, contrarias a las disposiciones legales vigentes.
8. Falta de control en juegos o tilines abiertos en horarios de clases.
9. Unidades educativas permeables a la ausencia escolar.
10. Delincuentes no rehabilitados libres y sin supervisión.
11. Sistema carcelario sin programas de rehabilitación.
12. Falta de un sistema carcelario con programas laborales para liberados.
13. Falta de Programas locales de inserción a reos libres a la sociedad.
14. Flagrante impunidad del delito.
15. Sistema judicial débil o ineficaz.
16. Violación de derechos constitucionales y legales de los ciudadanos.
17. Falta de transparencia y facilidad de comprensión del sistema judicial.
18. Sistema judicial lento en fallos y sentencias.
19. Administradores de justicia discriminadores.
20. Negligencia funcionaria.
21. Justicia penal de menores y mayores sin distinción y sin opciones de diferenciación en la sanción.
22. Falta de sanciones de servicio comunitario y acciones supervisadas para rehabilitación.
23. Falta de sanciones categorizadas y efectivamente identificadas.
24. Falta de normativa adecuada considerando género y condición generacional.
25. Exitencia de normas que condenan a prisión con inhabilitación total.
26. Recintos carcelarios sin adecuadas condiciones para vivir.
27. Superpoblación y hacinamiento en penitenciarias.
28. Falsa o débil integración de la policía a la población.
29. Desconocimiento o falta de comprensión de la función policial en los distintos ámbitos.
30. Falta de coordinación entre los servicios de seguridad del Estado.
(Jorge Amonzabel)
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